Por: Francisco Medina Guerrero
CIUDAD VICTORIA.– No existe una sola prueba que sustente las acusaciones de extorsión o el pago de «moches» que involucren al hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya, aseveró en conferencia de prensa el Consejero Jurídico Marco Antonio García Barrientos,
La Oficina del Ejecutivo estatal sostuvo que no existe una sola prueba que sustente las acusaciones de extorsión o el pago de «moches» y por el contrario, el Estado reafirmó que el litigio contra el Grupo Empresarial Dalka, S.A. de C.V. y su representante, Israel Alejandro Valdez Sánchez, es una batalla por la legalidad ante un presunto fraude procesal.
En conferencia de prensa, el Consejero Jurídico, Marco Antonio García Barrientos, fue enfático: las acusaciones del empresario Valdez Sánchez se han quedado en la narrativa mediática y las entrevistas, pues dentro de los expedientes judiciales y anticorrupción no consta indicio alguno de solicitud de pagos indebidos.
El pleito, que suma ya más de tres años, no es un tema de «coyuntura política», sino una respuesta a irregularidades en un contrato de suministro de despensas firmado el 15 de marzo del 2023. Según el informe técnico:
- La empresa Dalka afirmó haber entregado las pólizas de garantía el mismo día de la firma del contrato.
- Sin embargo, la institución afianzadora certificó que dichos documentos fueron emitidos hasta el 11 de abril del 2023 en la Ciudad de México.
Esta «imposibilidad material», dijo, fue el detonante para que el Estado rescindiera el contrato, tras detectar la presunta alteración de fechas y la introducción de información falsa en el procedimiento administrativo.
García Barrientos rechazó tajantemente que el Estado ejerza una persecución política. Aclaró que la situación jurídica de Valdez Sánchez se rige bajo los cauces normales del sistema penal. Respecto a la retención de su visa y pasaporte, el funcionario precisó que no se trata de un arraigo, sino de una medida cautelar dictada por un Juez de Control para evitar el riesgo de sustracción de la justicia y garantizar que el imputado siga vinculado al proceso.
Cabe señalar que ante el vicio detectado en el contrato con Dalka, el suministro de despensas para la Secretaría de Bienestar fue trasladado a la institución federal Liconsa/Diconsa, lo que permitió mejores condiciones presupuestales y eliminó la intermediación de empresas señaladas por actuar fuera de la ley.
