Redacción: Ciudad Victoria
Con la justicia pisándole los talones y la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisando el amparo que lo mantiene libre, Francisco García Cabeza de Vaca se aferra al viejo discurso de ser un “perseguido político”, mientras la realidad lo desmiente: cada semana, nuevos integrantes de su exgabinete son vinculados a proceso por los escandalosos actos de corrupción cometidos durante su sexenio.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, tan solo en octubre se judicializaron expedientes que suman más de 1,500 millones de pesos en desvíos de recursos públicos. Los nombres no son menores: exsecretarios, subsecretarios y directores del gobierno panista que hoy enfrentan a la justicia.
Entre ellos figura Fernando Campos Martínez, exdirector del ITACE, acusado de peculado por desviar fondos públicos; Carlos Alberto “Chito” García González, exsecretario de Desarrollo Económico y mano derecha de Cabeza de Vaca, señalado por uso ilícito de facultades y atribuciones; y María de Lourdes Arteaga Reyna, exsecretaria de Finanzas, imputada por los mismos delitos.
A la lista se suman cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas: Reynaldo Garza Gómez, Eduardo Barrera Peña, Isaías Vázquez Chávez y Armando Cantú Cuéllar, quienes controlaban la asignación de contratos y los presuntos “retornos” millonarios que caracterizaron al sexenio panista. Todos ellos fueron vinculados por abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.
También deberá responder ante la justicia Enrique Nader Nemer, exsubsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, por uso ilícito de facultades y atribuciones, mientras que Rómulo Garza Martínez, exsecretario de Bienestar, enfrenta cargos por los mismos hechos.
La lista de excolaboradores señalados no se detiene ahí: Mario Gómez Monroy (Educación), Gilberto Estrella Hernández (SEDUMA) y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa (Administración) también están bajo investigación por el saqueo que dejó al estado con una deuda moral y financiera.
Mientras tanto, Cabeza de Vaca permanece en silencio. No ha dicho una sola palabra sobre la caída de sus más cercanos operadores, ni sobre los expedientes que avanzan ante el nuevo Poder Judicial de Tamaulipas, renovado por mandato popular tras la derrota del PAN en 2022.
El exgobernador sabe que su margen se reduce: su libertad depende ahora de lo que resuelva la Suprema Corte sobre un amparo concedido por jueces y magistrados federales que hoy también están bajo la lupa.
El cerco judicial se cierra, y el silencio de Cabeza de Vaca retumba como la antesala de un desenlace inevitable.
