Por: Redacción.
Mientras para el ciudadano promedio adquirir una tarjeta SIM exige identificación, comprobantes, registro ante la empresa y cientos de trabas burocráticas, dentro de los penales mexicanos parece que basta con desearla. La impunidad, la negligencia institucional y la colusión presuntamente corrupta permiten que internos y redes criminales que operan desde ellos utilicen teléfonos móviles para cometer extorsiones, fraude y chantaje.
Peor aún: no se trata de casos aislados. Las estadísticas muestran un crecimiento constante de la extorsión telefónica, muchas veces atribuida a llamadas salientes desde prisiones, pero sin que se detecte un mecanismo real para impedirla.
DATOS REVELADORES
En México, las denuncias por extorsión pasaron de 8,734 casos en 2019 a 10,227 en 2024, lo que implica un aumento del 17 %.
En los primeros siete meses de 2025 se registraron 6,880 víctimas de extorsión, número récord.
Cada 24 horas, 32 personas son víctimas de extorsión en promedio. En los primeros cinco meses de 2025 fueron 4,882 casos, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 4,644.
En el Estado de México, se reportó un aumento de 71 % en extorsiones telefónicas, y se afirmaba que hasta un 80 % de esas llamadas provenían de penales de la Ciudad de México.
Una investigación del IFT en siete prisiones estimó que en esos lugares se hacían al año alrededor de 3.7 millones de llamadas extorsivas desde celulares o terminales usadas por internos.
Solo una minoría de extorsiones se denuncian formalmente. Según datos del INEGI y de estudios independientes, la cifra negra (el porcentaje de delitos “que no se conocen” ante autoridades) para extorsión está muy cerca del 97 %.
Contradicciones y exigencias al Gobierno
¿Cómo es posible que quienes regulan Secretaría de Seguridad, Sistema Penitenciario, Telecomunicaciones, permitan que exista tal volumen de llamadas desde cárceles si supuestamente hay inhibidores de señal, revisiones, operativos e inspecciones?
¿Dónde están las sanciones para personal penitenciario, operadores telefónicos, o autoridades que permiten la entrada de chips sin registro?
Si la adquisición de chips fuera regulada con exigencia (identificación, comprobante, registro digital obligatorio), ¿cuántas extorsiones telefónicas podrían prevenirse?
